El Certificado Energético en Edificios Públicos

En el RD de Certificación Energética, en su artículo 4 obliga a renovar anualmente, desde el año 2014, el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y/o refrigeración que sean propiedad y ocupe la Administración del Estado, cuando la superficie útil sea mayor de 500m2. A partir del 9 de julio de 2015, se aplicará también a edificios de más de 250 m2.

Antes de que finalizase el 2013, todos los estados miembro, estaban obligados a hacer un inventario energético de los edificios públicos sujetos a renovación, según la Directiva 2012/27/UE en el artículo 5.

En el inventario aparece la superficie total de los edificios  y el consumo de energía que presentan. La intención de este proceso es sensibilizar a la población ya que, los edificios públicos deberían de ser un ejemplo a seguir para el resto de la población. Por este motivo se deben de priorizar actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos como son los colegios, instalaciones deportivas, edificios de experimentación etc. Con ello se conseguiría  generar  empleo en materia de eficiencia energética y energías renovables además de reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía, con el consiguiente ahorro económico que conlleva.

Las administraciones públicas, además, tienen la posibilidad y responsabilidad de abrir el mercado de la eficiencia energética, incorporando las exigencias en sus edificios, en los pliegos de contratación elaborados para los concursos públicos de servicios y obras de gestión o rehabilitación energética.

Por ejemplo, Francia, en el año 2009 a través de su Plan Grenelle inició una estrategia de sensibilización ecológica de su sociedad. Este plan incluía la renovación de todos los edificios públicos hasta reducir el 40 % del consumo de energía y 50% de sus emisiones de gases efecto invernadero.