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¿Es posible acabar con la Pobreza Energética? Causas y medidas

13
Enero
2017
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Desde 2008 la crisis económica ha agudizado el problema de la crisis energética en nuestro país. Según el informe “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética” de la Asociación de Ciencias Ambientales de abril 2016 en España había ya 5,1 millones de personas en situación de pobreza energética en 2014. Una situación complicada ya que según el mismo informe en España hay 6,2 millones de personas que dedican más del 10% de los ingresos del hogar al pago del consumo de energía doméstico principalmente electricidad, calefacción y agua caliente. 

Otro dato que explica la complicada situación que se vive en muchos hogares es que en 2015 las tres eléctricas con mayor cuota de mercado como son Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa cortaron la luz a 653.772 hogares. Del total de los cortes, en el 61% de los casos el suministro se restableció en menos de 48 horas, en el 14% de los casos los consumidores tardaron más de una semana en poder pagar la factura y retomar el suministro, y hasta 83.429 familias, el 13% de los casos, estuvieron más de un mes sin electricidad en sus domicilios.

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Causas de la pobreza energética

Está claro que la pobreza energética está asociada a la pobreza general, pero curiosamente en España en los últimos años la tasa de pobreza energética ha crecido más rápidamente que la tasa de pobreza general. Una de las causas principales puede ser el aumento de la factura de electricidad. Desde 2006, el precio de la electricidad doméstica ha aumentado más de un 70%. Según datos de Eurostat de 2014, el precio de la electricidad doméstica española antes de impuestos era el quinto más alto de la UE.

También otra de las causas fundamentales puede ser la pérdida del control público del sector eléctrico que en la actualidad es un oligopolio en manos de 5 grandes grupos empresariales privados: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EdP y Viesgo.

En el artículo 45 de la Constitución Española se afirma que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Y en el artículo 51 se enuncia que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos“. A pesar de ello, reformas liberalizadoras como la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico eliminaron explícitamente la noción del suministro eléctrico como servicio público.

Las Directivas Europeas (2009/72/CE y 2009/73/CE) dicen que “en cualquier caso, los Estados miembros deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables […]. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá́ el concepto de cliente vulnerable que podrá́ referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos”.

Sin embargo, como ya hemos señalado, en la liberalización del sector que se produjo en España para trasponer estas directivas se eliminó la noción de servicio público cuando, a tenor de lo expuesto en las directivas, no era necesario hacerlo.

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El bono social

La única medida de carácter estatal en vigor para paliar los efectos de la pobreza energética es el bono social para la factura eléctrica y ni siquiera existe algo semejante para el consumo de gas natural. El bono social consiste en un descuento del 25% en la factura de la electricidad de ciertos consumidores. Los datos demuestran que este mecanismo no funciona ya que pese a la existencia de un bono social, el número de hogares en pobreza energética en España no solo no está disminuyendo sino que no deja de aumentar.

La primera norma referente a la pobreza energética en Cataluña fue el decreto aprobado por el Govern de CiU en 2013 que impedía directamente los cortes de suministros por medio del código de consumo catalán, aplazando el pago de las familias en riesgo que lo solicitaran. El problema de esta norma era la dureza de los requisitos para acceder a sus beneficios, además de que generaba deuda, por lo que en su primer año de aplicación fracasó con solo 500 familias solicitantes. El Govern manifestó su voluntad de mejorarla pero no tuvo tiempo, ya que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que la anuló el 9 de abril de 2016 al considerar que invadía competencias estatales.

La segunda de norma es la ley 24/2015, surgida de una ILP de la PAH junto a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), ley que contenía normas en materia de emergencia habitacional y pobreza energética. El Constitucional también anuló algunos de los preceptos de la ley, pero el artículo 6, relativo a los cortes de suministro, sigue plenamente vigente. Según esta ley, las compañías suministradoras están obligadas a reclamar un informe a los servicios sociales municipales cuando se encuentren ante un impago, sin el cual no pueden efectuar el cese del servicio.

La Ley 9/2016, de 3 de noviembre (BOA Nº218 de 11-XI-2016), de reducción de la pobreza energética de Aragón se aprobó por unanimidad en el pleno de Las Cortes de Aragón. De acuerdo con ella, el Gobierno de Aragón ha incluido ayudas económicas contra la pobreza energética en los presupuestos anuales en la Comunidad. Estas ayudas son “esenciales”, en el sentido de que no están sujetas a restricciones presupuestarias ​ni al partido de turno en el gobierno, sino que son prioritarias frente a cualquier otro gasto en Aragón. Para recibirlas, hay que acudir a los servicios sociales, donde se evalúa si se cumplen los requisitos, que están basados en renta y necesidad.

La ley impide los cortes de suministro mientras se resuelve la concesión de la ayuda, aunque no exige comunicación previa de la empresa a los servicios sociales, como las leyes aprobadas en Cataluña, sino que es el afectado el que debe ponerse en contacto con estos tras recibir la notificación de la compañía.

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Medidas contra la pobreza energética

Entre las medidas de urgencia que proponen grupos políticos está la prohibición de los cortes de suministro por impago sin autorización por parte de los servicios sociales. También la reestructuración completa del bono social para que incluya la extensión a los suministros de gas y agua además del de electricidad y que contemple que el parámetro fundamental para su concesión debería ser la renta del hogar ponderada por el número de miembros del mismo. A la larga se necesitarías medidas estructurales como un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (uno de los dos pilares del Plan Nacional de Transición Energética). El punto clave es la rehabilitación energética de viviendas ya que estará orientada prioritariamente a los hogares en situación de pobreza energética. Un ejemplo de este tipo de iniciativas lo constituye el plan MAD-RE que ya está en marcha en la ciudad de Madrid. En los primeros 6 meses de funcionamiento han solicitado participar en este plan más de 9.000 viviendas. El Ayuntamiento costea parte de las acciones de mejora de accesibilidad y rehabilitación energética, que permitirán reducir su consumo y, por tanto, la factura energética.

También hay que destacar los acuerdos de colaboración entre empresas y ONGs como los alcanzados por Viesgo y Cáritas, por un lado, y Sonae Sierra y Ecodes, por otro. Estas empresas han lanzado sus propios proyectos para paliar en nuestro país este grave problema que afecta al 15% de la población española, cifra que se ha duplicado en los últimos 8 años.

Puedes consultar más artículos sobre Energías Renovables AQUI

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