¿Es Inconsitucional la Ley 9/2013 del Sistema Eléctrico?

El 14 de octubre de 2013 se presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 9/2013.

En este Real Decreto se concretan medidas para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, modificando la Ley 54/1997. Con esta modificación se consigue un nuevo sistema de retribución en la producción eléctrica desde fuentes renovables, que se financiaría con lo que se recibiera del mercado, añadiendo complementos para obtener una rentabilidad razonable, establecida en base al tipo de interés del bono a diez años más diferencial. Estos complementos se establecen en medida del bono a diez años más trescientos puntos básicos.

El principal argumento del recurso de inconstitucionalidad es la vulneración del principio de seguridad jurídica. Se considera que es un sistema inestable a la hora de tratar las primas a recibir y no tiene en cuenta la planificación existente.

La ley de 1997 incentivaba a inversiones en energías renovables tanto nacionales como internacionales que ahora se verán perjudicados.

Se trata de un ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica de estas fuentes renovables de forma directa, y sienta un peligroso precedente para la garantía y seguridad ante las inversiones de todas las actividades reguladas”. “Arroja por la borda el enorme esfuerzo hecho en el sector renovable que se consolida en otros países, un yacimiento de empleo intensivo”. “Disuade la inversión en una actividad productiva con alto componente innovador”, añade el recurso de inconstitucionalidad.

En unos de sus apartados establece que, con la aprobación de esta norma, el Estado español estaría vulnerando diversos acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que se establece que los países que lo integran «fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores (extranjeros) realicen inversiones en su territorio».